Oposiciones: Cuantos más, mejor

AQUÍ MISMO ya he contado lo que me ocurrió hace años con el padre de una chica, aspirante a una plaza en un centro educativo extremeño, concretamente la antigua Universidad Laboral de Cáceres, cuando comprobó que su hija no había sido becada para residir en dicho centro y en cambio sí lo habían sido aspirantes de otras regiones. El hombre se indignó porque, según él, no había derecho a que gente «de fuera» ocupara plazas que debían ser exclusivamente para extremeños. De poco sirvió explicarle que el procedimiento de selección era estricto y que las solicitudes se ordenaban según las necesidades económicas de las familias y los méritos académicos de los solicitantes. Todo fue en vano. Hasta que le pregunté si, en caso de que su hija lograra plaza, preferiría que sus profesores fueran los mejores posibles, aunque fueran de toda España, u otros exclusivamente extremeños. El hombre guardó un elocuente silencio.

Cuento esto porque me entero de que algunos sindicatos docentes (no todos, afortunadamente) defienden que no se celebren en Extremadura las ya anunciadas oposiciones al cuerpo de maestros si, al mismo tiempo, no se celebran otras semejantes en las regiones limítrofes con la nuestra. Aducen que la previsible presentación a las de aquí de numerosos profesores de otras regiones disminuiría el número de maestros extremeños que obtendrían plaza.

Como el juicio que merezca esta postura sindical es más propio de los afiliados a esas organizaciones que del resto de la gente, no seré yo quien diga cómo han de proceder los sindicatos, faltaría más. Lo que sí afirmo es que el interés de la sociedad en general, el interés público, no gremialista, es el de que los escolares extremeños tengan los mejores profesores posibles, los mejor preparados, los más competentes, los que permitan alcanzar a los chicos el máximo nivel académico, procedan estos docentes de donde procedan. Y ello será más probable cuantos más sean los candidatos a las plazas que se convoquen, cuantos más sean los opositores entre los que los tribunales puedan seleccionar. Repito que no me considero quién para juzgar la actitud de organizaciones cuyas decisiones deben valorar sus afiliados, pero pienso que la administración educativa, en aras de seleccionar el mejor profesorado posible y en ejercicio de sus responsabilidades, no debiera dejarse seducir por voces que, aun estando en su derecho, defienden unos intereses que no son los de la mayoría.