HAY UN ASPECTO en el reciente acuerdo entre el Estado español y la Iglesia católica para que la asignación de fondos a través del IRPF pase del 0,5% actual al 0,7%, suprimiéndose la garantía del Estado de cubrir la diferencia entre lo recaudado por esta vía y la cantidad global asignada hasta ahora, que, a mi juicio, no ha sido suficientemente explicado. Me refiero a que, en realidad, los no católicos, nos guste o no, seguiremos contribuyendo a esa financiación.
Por poner un ejemplo sencillo, es como si una comunidad de vecinos necesitara equis euros mensuales para atender sus gastos. Pues bien, si de la cuota que pagan parte de esos vecinos se detrajera cada mes un porcentaje para otros fines distintos de los de la propia comunidad y específicos de ese grupo, de aficionados al teatro, por ejemplo, es evidente que lo que pagan los demás habría de aumentar hasta cubrir la diferencia producida. O, si así no se hiciera, los servicios prestados por la comunidad habrían de reducirse. Lo lógico sería que los aficionados al teatro llevaran una contabilidad propia, al margen de la general.
De modo que en este asunto, al igual que en otros, el Gobierno sigue topándose con la Conferencia Episcopal.
